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LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. PREVISIONES SOBRE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EN MATERIA SOCIAL 2017-11-23

 (documento elaborado por FEACEM)

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha sido publicada en el B.O.E. con fecha el 9 de noviembre de 2017.

 

De acuerdo con su Disposición final decimosexta, entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (9 de marzo de 2018), con las excepciones previstas en dicho precepto:

 

  • Artículo 159.4 a).
  • Artículo 32.2.d),
  • Artículos 328 a 334.
  • Disposición Final Décima.
  • Artículo 150.1.3.

 

La regulación de la LCSP incluye disposiciones de gran trascendencia para los Centros Especiales de Empleo y, en general en materia social que pasamos a exponer.

 

  1. DEFINICIÓN DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL.

 

Una de las novedades más significativas de la LCSP se encuentra fuera de la propia Ley. La Disposición final decimocuarta de la LCSP introduce una modificación a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y añade un apartado 4 a su artículo 43 que da entrada en nuestro Ordenamiento Jurídico a la figura de los CEE de Iniciativa Social.

 

De acuerdo con la misma, tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social.

 

La importancia de esta disposición es doble. En primer lugar define lo que se entiende por CEE de iniciativa social, definición basada, sobre todo, en la ausencia de ánimo de lucro y la reinversión de sus beneficios en el CEE.

 

En segundo lugar, la definición no es solo a efectos de contratación pública, sino que, al venir a modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, esta definición puede ser aplicada con facilidad a cualquier normativa dentro su ámbito, como las referentes a subvenciones, calificación de CEES o medidas alternativas.

 

 

  1. RESERVA DE LICITACIONES PARA CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

 

La Disposición Adicional Cuarta de la LCSP establece que mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.

 

La reserva no es potestativa, sino que vincula a las administraciones para efectuarla. El acuerdo de reserva debe adoptarse en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la LCSP. De no ser así, en el caso de la Administración General del Estado, deberá aplicarse un porcentaje mínimo de reserva del 7%, que se incrementará hasta un 10% a los cuatro años de la entrada en vigor de la LCSP. No se establece un mínimo equivalente para el resto de administraciones.

 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique esta reserva, no será exigible la garantía definitiva a que se refiere el artículo 107 de la LCSP (5% del precio IVA excluido), salvo en los casos en que, por motivos excepcionales, se considere necesario y así se justifique motivadamente en el expediente.

 

Adicionalmente a la reserva de la globalidad de un contrato, el artículo 99.3 establece que, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la D.A. Cuarta. Con esta regulación, no solo será posible la reserva de contratos completos sino también la reserva de lotes dentro de un contrato.

 

  1. PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

El artículo 71 de la LCSP, regula, entre las prohibiciones de contratar, las siguientes circunstancias, que afectan a cualquier entidad:

 

  1. b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

 

  1. d) En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir la cuota de reserva del 2% para trabajadores con discapacidad. La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad se hará mediante la presentación de una declaración responsable. No obstante, la LCSP prevé que, mediante Real Decreto, se podrá establecer una forma alternativa de acreditación, mediante certificación del órgano administrativo correspondiente.

 

La Comunidad de Cataluña prevé en su normativa sobre medidas alternativas la posibilidad de que las empresas obligadas a la cuota de reserva puedan obtener un certificado de estar en cumplimiento, si bien no hay un equivalente en el resto de Comunidades.

 

 

  1. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS

 

El artículo 126 de la LCSP, referente a las prescripciones técnicas, establece que en toda contratación destinada a ser utilizada por personas físicas, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas.

 

Por su parte, la Disposición Adicional Décimo octava regula que la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas.

 

 

  1. INFORMACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

El artículo 129 de la LCSP prevé que el órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo donde los licitadores puedan obtener la información pertinente sobre la inserción de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad, que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

 

En este caso, el órgano de contratación solicitará a los licitadores que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

 

 

  1. SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

 

Según el artículo 130.2 de la LCSP, cuando la empresa que viniese prestando el servicio que se adjudica fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en dicho servicio.

 

Este precepto no incluye otras previsiones respecto a la subrogación, como por ejemplo el tiempo mínimo de mantenimiento del contrato, la posibilidad de movilidad de las personas con discapacidad a otros servicios o las características de la relación laboral entre la persona con discapacidad y el nuevo empleador. Esta cuestión es especialmente importante cuando se trate de una empresa ordinaria, que no podrá mantener la relación laboral de carácter especial que vincula a las personas con discapacidad y los Centros Especiales de Empleo.

 

 

  1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

 

El artículo 145 de la LCSP viene a superar el criterio del menor precio y establece que la adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación, en base a la mejor relación calidad precio. La mejor relación calidad precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos.

 

Entre los criterios cualitativos se podrán incluir aspectos sociales, vinculados al objeto del contrato, que podrán ser, entre otros, los siguientes:

  • La accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias.
  • El fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato.
  • En general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social.
  • La subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción.

 

 

  1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

 

El Artículo 202 permite a los órganos de contratación establecer condiciones especiales de ejecución del contrato, vinculadas a su objeto, que no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.

 

Estas condiciones podrán referirse, a consideraciones de tipo social, que podrán perseguir, entre otras finalidades:

 

  • Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
  • Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación.
  • Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción.

Rsc. amiab, CETEO y fundación CISA reciben el sello Bequal plus, que certifica la gestión profesional y sostenible de estos centros especiales de empleo 2017-11-16

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

NOTICIA COMPLETA

La Fundación Bequal ha acordado certificar el compromiso que tienen los centros especiales de empleo (CEE) Amiab, Ceteo y Fundación CISA con la gestión adecuada de la responsabilidad social empresarial y la discapacidad, con la concesión del Sello Bequal Plus.

El acto de entrega de dicho sello se celebró en la sede de los Servicios Centrales de Cocemfe en Madrid y contó con la presencia del presidente y el vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno y José Luis Martínez Donoso, respectivamente, así como el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, y representantes del movimiento asociativo de la discapacidad y de los CEE certificados.

Los centros especiales de empleo de iniciativa social celebran la aprobación de la ley de contratos del sector público 2017-10-24

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

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La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) celebra la aprobación definitiva de la Ley de Contratos del Sector Público.

Feacem valora muy positivamente el reconocimiento legal de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social que contempla la Ley de Contratos del Sector Público mediante la modificación del texto de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, introduciendo en su artículo 43 una definición legal de los mismos; diferenciando así las diversas tipologías de Centros Especiales de Empleo y reforzando la iniciativa social en el ámbito del empleo protegido de las personas con discapacidad.

Fundación ONCE reclama un nuevo marco jurídico que favorezca el empleo de las personas con discapacidad 2017-09-21

20 Septiembre 2017 · NOTA DE PRENSA / Fundación ONCE · DISCAPNET

 

Se suma a la petición realizada por el presidente del CERMI en el Senado.

 

Alberto Durán en su comparecenciaLa tasa de actividad de las personas con discapacidad es mucho más baja que la del resto de la sociedad por lo que “es necesario un nuevo marco jurídico que favorezca el empleo de las personas con discapacidad y posibilite que la tasa de actividad de este colectivo se pueda situar en el 50 por ciento en los próximos 5 años”, según ha puesto de manifiesto Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Alberto Durán hizo estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado, que tuvo lugar este martes y donde coincidió con Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la necesidad de contar con una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad.

Durante su intervención el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE expuso ante los senadores la labor que se está llevando a cabo desde la ONCE, su Fundación y el grupo de empresas ILUNION. “El nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma alcanzar una tasa de actividad del 50 por ciento”, reiteró el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Además, y teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, el representante de Fundación ONCE también pidió que se consolide la imposibilidad de concursar y de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas, y reclamó “que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social”.

Por otro lado, Alberto Durán considera que es necesario promover la participación de las entidades sociales en la prestación de servicios sociales para las personas con discapacidad, y apuesta por una educación inclusiva con medios, “puesto que es el mejor modelo para que el futuro sea mejor que el presente”.

Reiteró que la discapacidad no debe tratarse de una forma vertical, “sino que es una materia transversal que va desde la educación, a las infraestructuras pasando por la cooperación al desarrollo y en turismo”, entre otros asuntos. “La accesibilidad en las infraestructuras de todo tipo es una cuestión de derechos pero también de competitividad, que hace que nuestros espacios sean más humanos y más atractivos”, recalcó Alberto Durán.

En cuanto al juego, Alberto Durán ve necesario proteger el juego público y responsable, frente al juego ilegal que utiliza la imagen de las personas con discapacidad y actúa al margen de la ley. Además, considera que, una vez superada la crisis económica, se debería revisar la actual fiscalidad de este sector económico.

CLÁUSULAS Y NOVEDADES SOCIALES EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS 2017-09-07

 

PORTAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

 

Enlace al artículo publicado en la web de PORTAL DE ECONOMIA SOLIDARIA sobre las modificaciones que se están aprobando en la nueva Ley de Contratos Públicos

 

 

Regulados por ley los centros especiales de empleo de iniciativa social 2017-09-07

SERVIMEDIA - NOTICIA-

 

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Congreso y pendiente de culminar su tramitación en el Senado, regula los centros especiales de empleo de iniciativa social por primera vez en el ordenamiento jurídico español, con lo que atiende una demanda sostenida del sector de la discapacidad a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem).

 

Herrera compromete 22 millones de euros para los Centros Especiales de Empleo en 2017 2017-09-07

 

LA TRIBUNA DE SALAMANCA - NOTICIA-

En los últimos diez años ha aumentado en un 59% la empleabilidad de personas con discapacidad en Castilla y León.

Junta de Castilla y León destinará en 2017 un total de 22 millones de euros a los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad. Así lo ha señalado esta mañana el presidente, Juan Vicente Herrera, quien ha visitado las instalaciones del Compleo Puentesaúco, que pertenece a la asociación burgalesa Aspanias. 

 

 Herrera ha recordado que en la actualidad hay un total de 205 Centros Especiales de Empleo en toda la Comunidad, donde trabajan 4.963 personas con discapacidad, lo que deja cerca "el objetivo de la Legislatura de alcanzar los 5.000". En este sentido, ha destacado que Castilla y León es la segunda región con más centros y la quinta con más trabajadores. 

 

Asimismo, ha querido poner en valor el aumento de un 59 por ciento en el número de personas con discapacidad trabajando en estos centros en los últimos diez años. El presidente de la Junta ha querido destacar el papel de Burgos en este hecho, pasando de 23 a 33 centros y de 472 a 608 trabajadores. 

La Junta ultima un sistema para adelantar fondos a Centros Especiales Empleo 2017-09-07

 

Burgos, 1 sep (EFE).-

La Junta de Castilla y León ultima la negociación con entidades financieras para adelantar los fondos que aporta a los Centros Especiales de Empleo de la Comunidad, de manera que puedan tener liquidez para pagar sus gastos, fundamentalmente las nóminas de los más de 4.900 trabajadores con que cuentan.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, ha informado hoy de esta iniciativa durante una visita a un centro de educación especial de la asociación de personas con discapacidad Aspanias en Burgos.

 

Ha reconocido que se produce "un decalaje" entre la actividad y las necesidades de los centros y la llegada de las subvenciones, por lo que el Gobierno autonómico busca fórmulas para corregirlo.

Herrera ha recordado que este año la Junta de Castilla y León destina más de veintidós millones de euros a los Centros Especiales de Empleo, lo que supone un 27 por ciento más que al inicio de la legislatura.

Además, ha destacado que están a punto de cumplir el compromiso electoral de llegar a contar con 5.000 empleados en estos centros, ya que en este momento hay 205 centros con 4.963 trabajadores.

De hecho, Castilla y León es ya la segunda comunidad autónoma española con más centros especiales de empleo y la quinta con más trabajadores con discapacidad en ellos.

Herrera ha insistido en cómo estos centros han resistido muy bien la crisis económica, incluso con crecimiento en número de centros y empleos.

En 2007 había en Castilla y León 160 centros especiales de empleo con 3.105 trabajadores con discapacidad y desde entonces se han creado 45 centros y se han incorporado 1.858 trabajadores más.

La Junta de Castilla y León aporta diversas ayudas a estos centros, sobre todo para cubrir una media del cincuenta por ciento de los salarios, aunque en los nuevos contratos con discapacidad más grave se llega a cubrir el 75 por ciento.

Además financia parte de los costes del personal de apoyo y la contratación de parte de los servicios de esos centros siempre que sean acordes con lo que requiere la Administración autonómica.

De hecho, en 2016 se contrataron servicios a este tipo de empresas desde la Junta de Castilla y León por importe de más de 6,5 millones de euros.

Herrera también ha reconocido la importancia de apoyar la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario, para lo que ha destacado las ayudas a empresas para estas contrataciones.

También ha citado el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, que tiene una reserva del diez por ciento de sus plazas de trabajo, para personas con alguna discapacidad, el doble de lo que establece la normativa estatal.

También ha señalado la contribución en formación para lograr un empleo, que se imparte a los 1.244 alumnos de los centros de educación especial que hay en Castilla y León, que ofrecen Educación Básica Obligatoria y transición a la vida adulta, pero también Formación Profesional Básica. EFE

La Fundación Aspace Navarra gana el noveno Premio Integra de BBVA 2017-07-25

 

BBVA

La Fundación  Aspace Navarra ha resultado ganadora de la novena edición del Premio Integra de BBVA. Este galardón reconoce una trayectoria de 30 años luchando por la inclusión social de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines a través del empleo en Navarra. El Premio Integra cuenta además con una ‘categoría B’, en la que se premia a aquellas entidades que  persiguen la integración laboral de personas con discapacidad mediante nuevos e innovadores proyectos.  Àuria Grup (Barcelona), Columbia Cintas de Impresión S.L (Cantabria), AFEMCE Salud Mental Cieza y Comarca (Murcia)  y A Toda Vela (Almería) han sido reconocidos y premiados por el jurado con 25.000 euros.

FEACEM urge al Parlamento a garantizar la inclusión de cláusulas sociales en todos los contratos públicos 2017-03-06

La Federación, que representa a más de 500 centros especiales de empleo y a más de 35.000 personas con discapacidad, lanza una guía para asesorar a responsables de centros especiales de empleo, funcionarios y personal técnico del sector público sobre el modo de incluir estas cláusulas para garantizar su efectividad • Exige que se prohíba contratar con la Administración a cualquier empresa que incumpla la cuota mínima de reserva del 2% para personas con discapacidad • La presentación de la Guía de Cláusulas Sociales de FEACEM ha contado con la presencia del presidente de ILUNION, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno central, el presidente de FEACEM, su vicepresidente, su gerente, el director-gerente de BEQUAL y con el secretario general del Foro

 

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